Propiedad Intelectual Social es una idea innovadora que busca equilibrar los derechos de los creadores con los intereses de la sociedad. En un mundo cada vez más interconectado, debemos fomentar una industria intercompatible que no solo conecte personas, sino también iniciativas y proyectos colaborativos en la línea de los modelos de «Open Business» y «Open Source» nacionales.

Las empresas centradas en tecnologías específicas deben coordinarse para establecer protocolos que permitan la compatibilidad con productos más antiguos. Imaginemos una pantalla de automóvil que, independientemente del fabricante, pueda utilizar cables universales como los estándares USB o Bluetooth para leer el OBDC del vehículo, acceder a sus controles, y comunicarse con diversos módulos. Esta interoperabilidad no solo alarga la vida útil de los productos, sino que también impulsa una economía más sostenible y accesible, enfocada en el valor y el propósito.

Implementar un modelo de «Open Business» enfrentará resistencias, especialmente de empresas acostumbradas a modelos cerrados y propietarios. Sin embargo, la colaboración abierta y la intercompatibilidad pueden acelerar la innovación al permitir que distintas empresas se basen en el trabajo mutuo, evitando la duplicación de esfuerzos y reduciendo los costos de producción. Esto resulta en productos más accesibles para los consumidores.

La estandarización de protocolos y componentes reduce significativamente los costos de producción al evitar que las empresas necesiten desarrollar todo desde cero. Esto se traduce en productos más accesibles. Además, al permitir la compatibilidad con productos más antiguos y extender la vida útil de los existentes, contribuimos a un modelo de consumo más sostenible, reduciendo el impacto ambiental de la obsolescencia programada.

No obstante, la intercompatibilidad requiere una cuidadosa coordinación y estandarización de protocolos y tecnologías, un proceso que puede ser complejo y demandar la participación de diversos actores. Sin embargo, una industria intercompatible ofrece a los consumidores más opciones y flexibilidad, liberándolos de la dependencia de un solo fabricante o marca.

Para garantizar un mercado justo, es crucial que la intercompatibilidad no ahogue la competencia ni fomente prácticas monopolísticas. La regulación adecuada es necesaria para asegurar un equilibrio. Al fomentar la colaboración entre empresas nacionales, fortalecemos la economía local y promovemos el desarrollo de tecnologías y soluciones adaptadas a las necesidades específicas del país.

El Estado debería asumir un papel activo en la promoción de industrias intercompatibles, estableciendo las bases para la colaboración y la innovación abierta. Esto incluye establecer reglas claras y transparentes para garantizar la competencia justa, proteger la propiedad intelectual y asegurar el acceso equitativo a los beneficios de la intercompatibilidad. Además, el Estado debería fomentar la participación de asociaciones civiles sin fines de lucro en el desarrollo y gestión de estas industrias, reconociendo su papel clave en la representación de los intereses de la sociedad.

La idea de «propiedad social intelectual» propone que el conocimiento y las tecnologías desarrolladas bajo este modelo se consideren bienes comunes, accesibles y utilizables por todos en beneficio de la sociedad. Este concepto busca reivindicar la propiedad intelectual como una propiedad social, donde el Estado impulsa desarrollos alineados con los propósitos elegidos por los ciudadanos. Por ejemplo, si mejorar el transporte es un propósito común, el Estado puede intervenir para crear una industria intercompatible, asegurándose de establecer reglas justas y transparentes, y priorizando asociaciones civiles en licitaciones y apoyos gubernamentales.

El Estado también debe establecer mecanismos de financiamiento adecuados, ya sea a través de inversión directa, incentivos fiscales o subvenciones, y garantizar la participación activa de los ciudadanos en la definición de los propósitos que guiarán estas industrias. Además, se deben establecer mecanismos de supervisión y rendición de cuentas para asegurar la transparencia y la gestión eficiente de las asociaciones civiles involucradas. Aunque se busca un enfoque más social, es crucial proteger los derechos de los creadores y fomentar la innovación.

El sector transporte es un ejemplo claro de cómo este modelo podría aplicarse. El Estado podría impulsar el desarrollo de estándares abiertos para la interoperabilidad de sistemas de transporte, fomentando la colaboración entre empresas y promoviendo soluciones más eficientes, sostenibles y accesibles para los ciudadanos.

Autores como David Bollier, Elinor Ostrom y Lawrence Lessig han aportado valiosas perspectivas sobre el manejo del conocimiento y los recursos como bienes comunes. Bollier aboga por la gestión colectiva del conocimiento y la cultura; Ostrom demostró cómo las comunidades pueden gestionar recursos comunes de manera sostenible; y Lessig ha argumentado a favor de reformas en las leyes de propiedad intelectual para promover la creatividad y la innovación. Estas ideas refuerzan la visión de una propiedad social intelectual que equilibre los derechos de los creadores con el bienestar social, adaptándose a los desafíos éticos y morales que la inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes traen consigo.

Al final, la propiedad social intelectual representa una evolución necesaria, enfocada en la gestión responsable y equitativa del conocimiento y la tecnología como bienes comunes, beneficiando a la sociedad en su conjunto.